Desde hoy hay dos regímenes que tienen distintos beneficios.
Desde esta jornada rigen las modificaciones en la ley de zonas francas, que fueron aprobadas a fines del año pasado por el Parlamento con el aval del gobierno. Esto significa que convivirán dos regímenes especiales para los exclaves con distintas reglas: uno corresponde a las empresas ya autorizadas a operar en dichas zonas y otro para las que sean habilitadas desde esta fecha.
Por un lado, las compañías ya instaladas en territorios francos —hay 11 zonas de este tipo actualmente en Uruguay— "recibirán más beneficios" con la nueva normativa, ya que por ejemplo "podrán prestar servicios a empresas uruguayas, y también desarrollar ciertas actividades en territorio no franco que hasta ahora estaban prohibidas", analizó un trabajo del estudio Bergstein Abogados.
Precisamente el permiso que se dio a los exclaves del interior para abrir oficinas en Montevideo para realizar actividades complementarias, provocó diferencias entre el Frente Amplio a la hora del debate legislativo. Ante los reparos que planteó el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y el sector liderado por Danilo Astori por la redacción inicial —advertían que provocaría problemas "muy importantes" para los controles del fisco—, se consensuó que no se admitiría en las oficinas abiertas fuera de territorio franco operaciones de venta de bienes y servicios (sí se permiten actividades de relaciones públicas, manejo de documentación auxiliar, facturación y cobranza).
Por otra parte, las empresas autorizadas desde hoy si bien accederán a esos nuevos beneficios, a diferencia de los otros exclaves "estarán sujetas a ciertas normas que resultarán menos ventajosas en comparación con el régimen hasta ahora vigente". Entre otras cosas, tendrán "niveles mínimos de contratación de personal e inversión en activos fijos, y verán condicionada su exoneración en materia de regalías", repasó Bergstein Abogados.
Varios de los cambios normativos implementados buscan alinear a Uruguay con criterios internacionales en materia de zonas francas, en especial los que impone la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Meses atrás, el tributarista Fabián Birnbaum había explicado que ciertas observaciones de la OCDE sobre el régimen local apuntaban a que "hay que tener sustancia (actividad real) para poder acceder" al esquema de incentivos.
En ese sentido, cuando se debatía el texto legal en el Parlamento, el director de la Asesoría Tributaria del MEF, Fernando Serra, dijo que los cambios buscaban "que se otorguen beneficios siempre que el Estado pueda controlar que realmente se hace una actividad de carácter sustantivo".
