El Maciel debió prohibir el ingreso a “caranchos” o “cuervos negros”, abogados que se presentaban en la emergencia y les hacían firmar contratos de representación leoninos a recién accidentados o sus familiares.
El fenómeno se repite en el INOT y en varios hospitales del interior.
La muerte lo alcanzó muy joven. Tenía 15 años cuando iba manejando una moto y un camión le pasó por encima. El funeral se organizó rápido; el accidente sucedió en la mañana y en la tarde ya estaban despidiéndolo. En medio del velorio su hermano mayor, atendió el teléfono luego de que sonara con insistencia. Pensó que era alguien más que se prestaba a darle el pésame, pero no: era un abogado. Le dijo que podía reclamar un buen dinero, que no importaba si el del camión había tenido o no la culpa, que la ley establecía que ninguna víctima de accidente de tránsito, o sus familias en casos de fallecimientos, se podía quedar sin cobrar. Le hablaba la plata cuando la plata ya no valía nada.
“Lo llamaron diciéndole que sabían que había ocurrido el accidente, y lo primero que pensamos fue cómo se habían enterado, porque había sido temprano y al cabo de unas horas ya lo estaban velando; habían pasado solo unas horas”, explica Fabiana Tarde, representante del Colegio de Abogados del Uruguay (CAU) en Flores. Ella estaba en ese velorio porque es amiga de la familia, y tenía la experiencia para saber lo que estaba sucediendo. El abogado que se ofreció -claro que a cambio de unos honorarios que nunca llegaron a negociarse porque el hermano decidió no tramitar el beneficio económico- era del departamento de Florida. La noticia había llegado hasta allí y las opciones eran pocas: habían sido fuentes hospitalarias o de la Policía.
A abogados como este se los conoce como caranchos, un ave que el poeta argentino Esteban Echeverría definió como la “que jamás presa desdeña”.También se les dice cuervos negros, igual que “el fantástico terror” que se apareció en la ventana del protagonista del poema de Edgard Allan Poe, tras la muerte de su amada Leonora. A estas aves las une algo: se ven atraídas por “la extraña música”, a decir de otro oscuro escritor, Charles Baudelaire, que puede emitir una carroña, un cuerpo muerto.
La existencia de este tipo de prácticas en Argentina se hizo popular en 2010, cuando se estrenó la película de Pablo Trapero “Carancho”, protagonizada por Ricardo Darín, que cuenta la historia de un abogado que “revolotea” sobre las emergencias de los hospitales en busca de politraumatizados y familiares de fallecidos en accidentes de tránsito, o sea, en busca de clientes.
A partir de 2010 -casualidad o no- el llamado “caranchaje” se volvió algo popular en nuestro país. Abogados, fuentes hospitalarias y de empresas de seguros, aducen esto a que en agosto de 2009 entró en vigencia la ley 18.412, de Seguro Obligatorio de Automotores (SOA). Porque aunque no se necesita un abogado para recibir la ayuda económica que la norma establece luego de un accidente, lo cierto es que los caranchos suelen presentarse a las víctimas, los seducen y luego les cobran comisiones que rondan entre un 30% y 50%, bastante más que lo acostumbrado, para representarlos. Esto es mucho dinero ya que, por ejemplo, lo que se paga a familiares de un fallecido son 250.000 Unidades Indexadas (UI), equivalentes hoy a casi US$ 30.000.
En 2018 hubo 20.654 siniestros de tránsito que dejaron 26.123 lesionados. Por día, entonces, hubo 72 personas lesionadas, un 5,3% más que en el año 2017. También hubo 528 fallecidos, un 12,3% más. Esto para algunos es un mercado, y a la hora de apoderarse de él todo vale.
30.000 dólares se pagan a los familiares de un fallecido en un accidente de tránsito, tenga o no tenga seguro.
Un problema masivo.
El año pasado debieron pegar varios carteles en el Hospital Maciel luego de recibir una denuncia sobre un carancho que se movía como perico por su casa -para seguir con la metáfora ornitológica- por la emergencia del centro de salud.
El cartel iba dirigido a “todos los funcionarios, cualquiera sea su vínculo funcional”, es decir tanto para empleados del centro como tercerizados. Y decía: “La Dirección les informa que está terminantemente prohibido divulgar bajo cualquier modalidad (Whatsapp, mensajes de texto, mails, Facebook, etc.) información relativa al estado de salud y tratamiento de usuarios y pacientes de este Hospital. Quienes incurran en esa conducta, violatoria de los derechos de aquellos a la intimidad y confidencialidad de sus datos de salud (datos sensibles), serán sometidos a procesos disciplinarios”.
Juan Pablo Decia, director del área jurídica del Maciel, señala que se enteraron de esta situación luego de que otro carancho, que se paraba en la puerta por la que entran las ambulancias, les advirtiera que consideraba la presencia de su colega en la emergencia una “competencia desleal”, y que estaba perjudicando su trabajo.
“Me contó, sin darse cuenta de que lo que él estaba haciendo también estaba mal, que al otro abogado le avisaban cuando llegaba algún politraumatizado, y me pidió que interviniera. Esto determinó que hiciéramos una investigación en la emergencia y detectáramos que había una filtración de datos. No puedo asegurar que quienes pasaban información recibieran algún beneficio económico, pero seguramente así fuera”, sospecha Decia.
La investigación descubrió, también, que este y otros abogados iban a entregarles a los pacientes sus tarjetas de presentación mientas eran atendidos, e incluso los seducían para que les firmaran leoninos contratos de representación ahí mismo. “Los hacían firmar incluso acá, internados o en la camilla de la emergencia, una especie de pacto de cuota litis (a porcentaje), y les pedían un 50% de lo que se pudiera recuperar -relata Decia-. Después miraban en el parte policial, sacaban los datos del coche en el accidente, y terminaban arreglando con el seguro. Esto era muy recurrente acá (en el Maciel), pero desde que empezamos a bajar línea se frenó un poco”.
Los abogados "caranchos" tienen contactos en hospitales y jefaturas para enterarse de accidentes y potenciales clientes.
Lo que sigue pasando, sí, es que hay caranchos o tarjeteros que trabajan para ellos, que esperan en la puerta de la emergencia que aparezca algún familiar del fallecido o politraumatizado. Esto también sucede en el otro centro que, junto al Maciel, es el que más de estos pacientes recibe: el Instituto Nacional de Ortopedia y Traumatología (INOT). Su director, Fernando Nin, advierte que la presencia de estos abogados es “inevitable” e “incontrolable”.
“Y sí, entran al INOT. Ahora con el SOA los accidentes de tránsito son plata constante y sonante para ellos. Lo que no les permitimos es entrar a cualquier hora, pueden ir a ver a los pacientes en el horario de visita. No podemos prohibirles el ingreso, pero tienen que venir bajo ciertas reglas”, señala Nin.
Emilio Soria, del CAU en Cerro Largo, dice que esto también pasa en su departamento, que “hay uno que tiene contactos en la emergencia y en la jefatura, que le avisan y va a al hospital a buscar a los pacientes”. Julio Campogliano, del CAU en Paysandú, señala que “es verdad que se monopolizan los accidentes de tránsito”. Duilio Pinazo, del CAU en Río Negro, dice que “de vez en cuando aparece algún pícaro” que se dedica al caranchaje.
Pero el departamento que desde las aseguradoras más nombran es Salto. Y que esto es un problema allí también lo confirma Mario de Feo, presidente de la Red Nacional de Víctimas y Familiares de Siniestros de Tránsito de Uruguay.
“Estos tipos agarran a la gente en el momento de más dolor, de más bronca, y el que llega primero es el que se queda con el caso. Esto pasa en todo el país, y tiene que ver con que desde que está el SOA todos cobran. Las familias nos cuentan que los contactan a veces cuando el accidentado está en el CTI. En Salto hay secretarias de los abogados que se meten dentro del hospital -sostiene De Feo, que es salteño-, y ahí buscan clientes. Incluso, nosotros, como red nacional, fuimos contactados por un estudio de Montevideo, que propuso darnos una ‘colaboración’ a cambio de que les deriváramos casos; claro que les dijimos que no”.
Desde la Unidad Nacional de Seguridad y Educación Vial del Uruguay (Unasev), su presidente, Fernando Longo, dice tener “la presunción de que (los caranchos) aumentaron con el SOA”. La abogada de la Unasev, Gabriela Lencina, cuenta que han recibido consultas de familiares de accidentados sobre si era normal que un abogado consiguiera sus datos y los llamara luego de un siniestro para ofrecerles sus servicios.
Sin embargo, las autoridades y los sindicatos que representan al personal de salud parecen no conocer la magnitud del problema. El País intentó contactarse con el presidente de la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE), Marcos Carámbula, pero desde su departamento de comunicación advirtieron que “nadie, ni uno solo de los integrantes del directorio, ni el gerente general, tienen idea del tema”. Desde el Sindicato Médico del Uruguay (SMU), Gustavo Grecco, dijo no tener “cuantificado el problema”, y advirtió que la organización jamás recibió denuncias sobre médicos que filtraran información. Lo mismo dice Blauco Rodríguez, presidente del Colegio Médico: “De eso no estoy enterado, pero no digo que no pase”. Martín Pereira, secretario de la Federación de Funcionarios de Salud Pública (FFSP), también advierte no conocer ningún caso de caranchos, ni de enfermeros o personal de servicio involucrado en la filtración de información.
La vicepresidenta del CAU, Macarena Fariña, sí admite la existencia de los llamados cuervos negros, y reconoce que sus prácticas no son las deseadas, por lo que cobran y por cómo se presentan a los familiares (ver aparte en esta página). El Código de Ética del CAU dice que no está bien ofrecer servicios, ni directamente ni por medio de terceros, a víctimas de accidentes que por el momento que están viviendo “carecen de plena y serena libertad” para elegir a un abogado, en caso de que crean necesitarlo.
30% es el mínimo de comisión que suelen cobrar los "caranchos" por hacer el trámite del SOA.
El mercado molesto.
La ley del SOA se propone “cubrir los daños que sufran terceras personas como consecuencia de accidente causado por vehículos automotores”. Fuentes de las aseguradoras -El País contactó a tres representantes pero todos prefirieron no hacer declaraciones con nombre y apellido ya que saben que deberán seguir negociando con estos abogados- creen que hay tres razones por las que luego de aprobada esta ley los caranchos vieron un nicho de negocio fácil: primero, que una gran cantidad de los accidentes son protagonizados por personas de bajos recursos “a quienes les dicen que si no reclaman enseguida pierden el derecho”, cuando en realidad el SOA se puede cobrar hasta dos años después del accidente; segundo, que se cobra sin juicio y en menos de dos meses, cuando un reclamo podía demorar antes hasta cuatro años; tercero y más importante, que también se puede cobrar cuando están involucrados vehículos que no tienen seguro o que no pudieron ser identificados.
“Esto da para todo -dice una fuente del mercado-, porque la persona dice ‘me atropelló un auto rojo, no vi la matrícula’, y hay que pagar igual”. La ley establece que en estos casos las aseguradoras serán las encargadas de pagarle al damnificado y que lo harán en forma equitativa, o sea dependiendo de la porción de torta del mercado que cada una tenga. La que tiene más es el Banco de Seguros del Estado (BSE) y cada año paga más del 60% de las indemnizaciones de accidentes en los que los culpables iban en vehículos sin seguro, robados o que directamente no pudieron ser identificados.
Según información del Banco Central, las aseguradoras debieron indemnizar en 2010 -cuando por primera vez funcionó la ley durante todo el año- a 35 reclamantes que recibieron en total US$ 106.588; ese año hubo seis reclamos más, pero se entendió que no tenían derecho a cobrar. Las cifras fueron creciendo año a año, hasta llegar a 2018 cuando 949 reclamantes obtuvieron US$ 5.225.044, y a 142 les fue denegado el pago. Todos los años la mayoría de los reclamos son contra motos: 18 en 2010 y 431 el año pasado.
“Cuando queda denegado un pago es porque la compañía logra descubrir que el auto involucrado tenía un seguro, y entonces es ese el que debe pagar -dice otra fuente del mercado-. Y después hay otras situaciones, como que se descubre que estaban haciendo una picada, o jugando a la gallinita ciega” (dos motos que aceleran frente a frente, y el primer conductor que se mueve para no darse contra el otro, pierde; el problema es cuando ganan ambos).
Alejandro Veiroj, presidente de la Asociación Uruguaya de Empresas Aseguradoras (Audea), dice saber de la existencia de caranchos, pero no conocer de fondo la situación, pues hasta hace poco trabajaba en Canadá. Lo que sí advierte es que ellos estiman que hay entre un 30% y 40% de vehículos que están sin seguro, y que cuando se aprobó el SOA “el Ministerio del Interior se comprometió a controlar, y no lo está haciendo”. La Audea reclama una fiscalización que cruce los datos de los vehículos empadronados en las intendencias con la información de las aseguradoras, para detectar a los que andan sin seguro.
Los "rompehuesos".
Desde las aseguradoras coinciden en que no hay pruebas en Uruguay de que haya un “mercado de rompehuesos”, como sí se ha denunciado en Argentina, y algo que se puede ver en la película “Carancho”: casos en que alguien se deja romper una pierna o un brazo para luego fingir un accidente de tránsito y cobrar el seguro. De todas formas, acusan que la ley deja abiertas algunas puertas para que esto suceda.
Para cobrar el SOA el accidentado solo necesita un certificado emitido por la emergencia móvil, otro del médico tratante, el parte policial del siniestro, cédula de identidad y una declaración jurada de que están por fuera del artículo 6 de la ley. Este establece que el “el propietario del vehículo, el tomador del seguro y el conductor” no pueden ser parientes, ni jefe y empleado. Este punto, advierten desde las aseguradoras, busca que no se pasen como accidentes de tránsito otro tipo de situaciones.
“Pero simular un siniestro siempre es posible. Puede pasar que alguien tenga un accidente laboral, que trabaje en negro, y que lo haga parecer como un accidente de tránsito. O que se rompa una pierna jugando al fútbol y diga que lo atropellaron. O que haga como en Argentina, haciéndose quebrar a propósito para reclamar. Estas son cosas que pueden pasar, y que no sabemos si pasan o no pasan, porque el SOA vos lo podés reclamar aunque el auto que supuestamente ocasionó el accidente se haya fugado y no se haya identificado”, dice el jerarca de una aseguradora.
Javier Riffaud, abogado que se define en internet como “doctor tránsito”, tiene tarjeteros en las puertas de los hospitales, cobra a sus clientes un 30% de lo que puedan obtener por SOA y tiene su oficina a apenas una cuadra del Hospital Maciel (ver aparte en página A6). Dice que no es carancho, pero sostiene que sabe de la existencia de estos en nuestro país. También dice que no le consta que en Uruguay haya “rompehuesos”, pero advierte tener un amigo en España que tiene otro amigo que se dedica a eso. “Aquí nunca lo vi, no hace falta aclarar que si se comprueba eso es un tema penal... Pero sé que allá en España lo hacen, y también en Argentina. No entienden que un accidente de tránsito es una lotería, y hacer eso es pan para hoy y hambre para mañana, porque si la persona hace eso, luego fallece o queda inválida, ¿qué sentido tiene?”.
“El taller arregla el auto, yo arreglo los otros daños”
Javier Riffaud es bajo, corpulento y le queda poco pelo del pelirrojo que alguna vez fue. Fuentes de las aseguradoras dicen que él es uno de los que más clientes accidentados tiene. Se presenta en su página web como “doctor tránsito”, allí muestra testimonios de algunos de los que fueron sus clientes, y advierte que su plan de trabajo se divide en tres sencillas partes: “Nos cuentas qué pasó”, “armamos una estrategia” y “resolvemos el problema”. En su sitio, una de sus socias se presenta como “Abogada Florencia”, sin apellido.
Su estudio es un apartamento a una cuadra del Hospital Maciel. Florencia es también la recepcionista, que luce, igual que él, una amplia sonrisa. Lo primero que advierte es que él no es un carancho, que no tiene contactos en hospitales y comisarías, que sabe de otros colegas suyos que sí hacen eso, pero que él para conseguir clientes solo se maneja con publicidad. Admite, sí, que a veces tiene tarjeteros que se paran en las puertas de emergencia, pero cree que su éxito se debe, más que nada, a su página web y sus audiciones radiales en varias emisoras, muchas de ellas comunitarias.
Con tono bonachón, Riffaud explica su trabajo: “Yo me dedico específicamente a accidentes con lesionados. El auto lo arregla el taller y yo arreglo los otros daños y perjuicios que se generan por el accidente”.
Sostiene que hay dos tipos de reclamo: el del SOA -que en realidad el accidentado o un familiar podría hacerlo sin un abogado que lo represente- que indemniza por el daño físico; y otro “por lucro cesante”, que es por el dinero que la persona deja de generar por no ir a trabajar. “Esto también se reclama a la aseguradora, y muchas veces estos casos terminan en sede judicial, porque el cliente quiere una cifra y la aseguradora, otra”.
Su página web dice que ha representado a 806 accidentados o a sus familiares desde que empezó a trabajar en 2013, pero él aclara que “ya son más de 1.000”.
Riffaud les cobra a todos los clientes lo mismo: el 30% de lo que logre conseguir. Para que le paguen de inmediato, lo que hace es acompañar a la persona el día del pago de la indemnización y pedirle que le dé sus honorarios en ese mismo momento. “Pero nunca hago poderes -jura-, que sé que otros abogados sí hacen, y también sé que por esto luego les dan a sus clientes menos plata de la que habían arreglado en un principio. Por eso te digo que no soy carancho; esos abogados le hacen mal al rubro”.
“Entiendo que en este trabajo hay cosas que están bien y hay otras que están mal -sigue-. Hay cosas que éticamente están bien: tener una persona en la puerta de un hospital, como también pasa en el Ministerio de Trabajo, no me parece mal. Tampoco me parece mal que alguien lo haga en una institución privada, porque es ofrecer un servicio, como dar un folleto de Avon. Sí está mal que tengan nexos en salud pública, porque ahí hay alguien que está usando su empleo público para obtener un beneficio privado”.
El Colegio de abogados alerta por conflicto ético
El Código de Ética del Colegio de Abogados del Uruguay (CAU) advierte que varias prácticas llevadas a cabo por los caranchos están por fuera de lo esperable. En cuanto a la publicidad, señala que podrá realizarse “siempre que esta sea digna, veraz respecto a sus servicios profesionales, respetuosa a la dignidad de las personas, de la legislación sobre defensa de la competencia y sobre competencia desleal, y de las normas deontológicas recogidas en el presente Código”. Y señala especialmente que está por fuera de la ética “dirigirse por sí o mediante terceros a víctimas de accidentes o catástrofes que carecen de plena y serena libertad para la elección de abogado por encontrarse en ese momento sufriendo una reciente desgracia personal o colectiva, o a sus herederos o causahabientes”.
El código también establece que “en los casos en que el beneficio obtenido por el patrocinado sea exclusivamente patrimonial, el monto del honorario resultante de la aplicación de los distintos elementos de regulación, no podrá exceder el 50% de dicho beneficio”. Sin embargo, Macarena Fariña, vicepresidenta del CAU, advierte que nunca se suele cobrar “más de 10% o 15%”.
Fariña dice que no se han tratado denuncias por abogados que actúan como caranchos, pero sí sostiene que saben que es una situación que existe. En caso de recibir una denuncia el Tribunal de Honor del CAU debería pronunciarse, “pero como la colegiación en Uruguay no es obligatoria, la eficacia de esto es relativa”
